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viernes, 27 de enero de 2012

ENDEPA pide justicia por la comunidad toba de Formosa


El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), cuyo coordinador nacional es el presbitero Ponciano Acosta, expresó, por medio de un comunicado, su repudio y preocupación por los hechos de violencia de los que es objeto la Comunidad "Toba Potae Napocna Navogoh" (La Primavera), en la provincia de Formosa.

    En los últimos meses los Qom (como son llamados) sufrieron ataques a balazos y repetidos hechos de violencia por parte de criollos formoseños que irrumpen en el territorio toba.

     Entre los casos violentos se resalta la agresión sufrida el 7 de enero por Rolando, uno de los hijos del cacique Félix Díaz. El joven agredido, quien recibió una herida en la cabeza por parte de 4 personas (una de ellas armada), logró huir del lote que ocupan los violentos dentro del territorio de la comunidad, en su bicicleta, ya que pretendían llevarlo hacia los pastos altos. Asimismo los Qom aseguran que la Gendarmería permanece inmutable ante la presencia de los usurpadores ebrios que los amenazan al pasar.

     En su mensaje, ENDEPA pide a las autoridades “el pronto esclarecimiento y castigo de los culpables de este hecho” y agrega que creen firmemente y acompañan “la lucha de estos hermanos y hermanas por el respeto de sus derechos. No hay motivo para no escuchar el clamor que desde hace tiempo vienen manifestando”.

     “Son siglos de sufrimiento que estos pueblos vienen soportando, resistiendo y esperando tiempos nuevos. Es hora de que reconozcamos la riqueza de su vida, su cultura, sus creencias. Es hora de que los dejemos vivir en paz, en la tierra que les pertenece, según sus pautas de vida. Es hora de que se cumplan, en los hechos, tantas leyes que están en los papeles. Este Equipo los seguirá acompañando, junto a otras Instituciones, para reclamar justicia donde corresponda”, concluye la carta de la Pastoral Aborigen. +
Fuente: AICA

domingo, 9 de octubre de 2011

Declaración de los Equipos de Pastoral Social y Pastoral Aborigen- Diócesis de Comodoro Rivadavia


Por un desarrollo integral, solidario y sustentable



Los Equipos de Pastoral Aborigen y Pastoral Social de la Diócesis de Comodoro Rivadavia quieren manifestar su profunda inquietud ante las nuevas versiones que darían cuenta de una posible modificación a la Ley N º 5001, la primera Ley que reprueba la extracción megaminera del país, la cual fuera emulada por otras tantas provincias del país.Dado el escenario político que se ha creado en vista a la renovación de autoridades a nivel provincial, y las recurrentes versiones que indicarían un incremento de la exploración y explotación minera en la meseta chubutense deseamos recordar algunas cuestiones e interpelar otras.

Como Iglesia chubutense, junto a otros actores sociales con los que compartimos el mismo espacio de ciudadanía, somos partícipes desde hace años de la misma honda preocupación acerca de la política extractiva en nuestra provincia. Esta voz se ha mezclado e integrado con otras voces que sienten la misma inquietud y tienen los mismos anhelos de un desarrollo que sea humano, integral, solidario y sostenible para los pobladores de nuestra provincia. Y desde nuestra visión tanto cristiana como ciudadana, abordamos este desafío que trasciende lo exclusivamente religioso, para buscar de abordarlo de manera integral. Ningún aspecto puede quedar fuera, ya que afecta a todas las dimensiones del ser humano.Es por eso que desde hace años, los obispos patagónicos y sus equipos de Pastoral Aborigen y Social, se han manifestado recurrentemente respecto de este tema, rechazando firmemente una política extractiva megaminera con uso de explosivos y de insumos tóxicos cuyo poder de contaminación y producción de desechos, sabemos, traen efectos devastadores hacia recursos como el agua, el suelo, el aire y la luz, que son bienes comunes.


La tensión provocada por la lógica de un sistema mundial de producción ha generado una cultura consumista que hemos de cuestionar terminantemente, para garantizar un futuro común para todos: los que estamos y los que vendrán.Por ello, definimos como un retroceso al actual estado de situación de querer modificar el marco regulatorio adaptando una ley que fuera el fruto de una lucha y reivindicación de todo un pueblo como lo fue aquel histórico “No a la mina” de Esquel. Consideramos que aún no se ha dado un debate que analice en forma integral, orgánica y accesible a todos, acerca de las consecuencias de este tipo de extracción para poder definir o no su rechazo. Salvo la notable experiencia colectiva de Esquel y de otras convocatorias recientes, no ha habido espacios de debate público destinados a la población en general y con la participación de funcionarios y legisladores responsables de las decisiones que se toman. Además debemos considerar las deficiencias del sistema de representación política cuestionado por su fragilidad y falta de transparencia.


Debe mencionarse el enorme esfuerzo de distintos ámbitos de la sociedad civil (foros, vecinos autoconvocados, comunidades mapuche-tehuelches, colectivos ambientales, entidades de derechos humanos y otros ciudadanos), y de esta propia Iglesia, junto a otras confesiones, que han movilizado y motorizado espacios de intercambio y concientización en pueblos y ciudades de la provincia, para el conocimiento de las consecuencias de esta actividad.Pero consideramos que es deber ineludible del Estado garantizar el acceso a toda la información posible y en forma exhaustiva de las consecuencias inmediatas y futuras, de la actividad megaminera. Rechazamos de plano dejar sólo en manos de las empresas -transnacionales- la responsabilidad de la información, habida cuenta de los poderosos intereses en juego que regulan la óptica de sus acciones.


Es sabido por todos que esta minería afecta directamente “los Derechos de las comunidades aborígenes, alterando su hábitat, y poniendo en riesgo la base de su subsistencia centrada en la ganadería ovina y caprina, agrediendo su cultura caracterizada por el respeto a la naturaleza y el amor a la madre tierra como fuente de alimento, casa común y altar del compartir humano” (1). “La Constitución Nacional (art. 75, inc. 17) y la Provincial (art.34) establecen su participación en la gestión referida a los recursos naturales y en los demás intereses que los afecten”. Por su parte el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, protege el derecho a la existencia colectiva, a la identidad cultural, a la propia institucionalidad y a la participación”(2) lo cual impone al Estado el deber de consultarlos obligadamente. Ellos deben ser los responsables y los protagonistas de su modo de vivir y de su cultura y de su destino. Aún no se han instrumentado los mecanismos que aseguren el respeto del derecho a la participación indígena, incluso facilitado los medios económicos necesarios y con los tiempos adecuados para que las instituciones representativas puedan ejercer estos derechos. Y esto es de indudable competencia del Estado


Vemos cómo se quiere instalar un discurso único acerca de los beneficios de los emprendimientos mineros, como única tabla de salvación para el sustento de pobladores y para el resto de la provincia, cuando no ha habido una verdadera, continua y sostenible política integral a través del tiempo, que les permitiera lograr cierto bienestar y calidad de vida, lograda por ellos mismos. Y donde dicha sustentabilidad, autóctona y genuina a sus raíces, debiera darse a partir de diversas áreas de promoción del desarrollo a beneficio de todos sin excepción. Como, por ejemplo, la utilización del acuífero “recientemente descubierto” para el desarrollo de los emprendimientos ganaderos existentes y futuros.
Este hecho ha provocado la fragmentación de la población en general contraponiendo conceptos tan atractivos como “desarrollo” y ” progreso” al de “sentido ético”, el cual es descalificado por su aparente inutilidad material. Sabemos que en nombre del progreso se ha cometido mucho daño irreparable para el planeta. Todos queremos progreso, pero no a cualquier costo y menos si hace peligrar la vida de las futuras generaciones.Pero insistimos en que es “necesario instalar una visión ético-espiritual, -la cual supera el plano religioso y es propiedad de todas las personas- de profunda raíz histórica, cultural y ancestral para acordar decisiones compartidas, de manera responsable y comunitaria, interpelando y oponiendo otro modelo distinto al provisto por el sistema donde el afán de lucro y de explotación hiere permanentemente a los recursos de nuestro planeta” (3).


Nuestra provincia podría liderar otro tipo de propuesta de un “desarrollo alternativo, integral y solidario”, basado en una ética que incluya la responsabilidad por una ecología natural y humana, superando la lógica utilitarista e individualista”, donde los poderes económicos, tecnológicos y políticos no se someten a criterios éticos. (4)Hoy necesitamos rescatar la actitud del cuidado y la protección como instrumentos para un “buen vivir”, como gesto amoroso que pretende preservar la herencia que recibimos del universo y de la cultura y garantizar verdaderamente un mejor futuro para todos. (5) 


4 de Octubre de 2011. Festividad de Francisco de Asís, patrono de la ecología
 Citas:

(1)(2)(3)(4) Documento: “Reflexiones sobre la Megaminería ” Virginio Bressanelli scj, obispo de la Diócesis Comodoro Rivadavia y Comisiones Diocesanas de Pastoral Social y Pastoral Aborigen, 2009.

 (5) “Críticos, creativos, cuidantes- textos breves”: Leonardo Boff, Centro Nueva Tierra, 2005.

jueves, 11 de agosto de 2011

Mesa Temática: Pueblos Originarios

Los congresistas de esta Mesa partieron del reconocimiento de la existencia de los pueblos aborígenes distribuidos en nuestro país- aproximadamente más de 20- . Se advirtió que poco conocemos  los argentinos de estas antiguas comunidades, ignoramos lenguas y costumbres, valores e instituciones. 

Se advirtió la escueta aplicación y uso y goce por parte de los pueblos originarios de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional (Art. 75 Inc.17), el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, como así también de las leyes 26.160 y 26.554 . Ambas leyes nacieron con la intención de demarcar los territorios de las comunidades originarias en el país prohibiendo entre tanto los desalojos. 

Se identificaron como los problemas más relevantes que aquejan a los pueblos aborígenes: 
  • Los vinculados con la posesión de tierras:  la falta de implementación del relevamiento de tierras impide y obstaculiza la prosecución de acciones para obtener la definitiva regularización dominial de los territorios que las comunidades ocupan ancestralmente.
  • Dificultad para el aprovechamiento de los recursos naturales
  • Irregularidades para la obtención de personería jurídica
  • Falta de aplicación de la educación bilingüe: la educación uniforme produce desarraigo y menosprecia su identidad
  • Desconocimiento de  sus costumbres, su riqueza cultural, su forma de vida, sus prácticas ancestrales  es decir, la belleza e importancia de su diversidad.
  • Vulneración en los derechos a la participación y consulta 
  • La migración, forzada por la pobreza, hacia los asentamientos marginales de las grandes ciudades. 
Tal problemática fue analizada a la luz del Magisterio de la Iglesia, especialmente desde  los mensajes de Juan Pablo II a los pueblos aborígenes y de los Documentos del CELAM, los que promueven la interculturalidad y la inculturalidad, excluyendo el sincretismo.

Se destacó, también en la Mesa, la labor que realiza  el Equipo Nacional de Pastoral Aborígen - ENDEPA-  aportando y facilitando la apertura de la Iglesia hacia los Pueblos Originarios . 

Enlace destacado: http://www.endepa.org.ar/